A medida que avanzan los dispositivos tecnológicos, también lo hacen las herramientas diseñadas para monitorear a las personas. Desde software espía que funciona de manera discreta, hasta redes intervenidas por agentes externos, proteger el derecho a la privacidad se está convirtiendo en una tarea cada vez más cuesta arriba.
Uno de los pocos contextos donde el monitoreo puede verse como una práctica aceptada es cuando nos encontramos en el lugar de trabajo, sin embargo, este también tiene sus límites. Cuando una empresa utiliza sus herramientas de seguridad de manera indebida no solo puede constituir una violación a la privacidad, sino que además puede poner en peligro la información del equipo humano.
Cuando hablamos sobre el uso indebido de la tecnología de seguridad, es importante conocer cuáles son estas herramientas, y cuál es la manera adecuada de utilizarla para optimizar los protocolos de protección del negocio. Ya sea un sistema de seguridad para tiendas, o un entramado de seguridad para un edificio de oficinas, estos son algunos de los dispositivos más utilizados:
Cuando se trata de uso indebido de las tecnologías de seguridad, no hablamos únicamente de abusos cometidos por parte de la empresa, sino de distintas situaciones que puedan representar una vulneración a la privacidad del personal y el consumidor. Ejemplos de esto incluyen:
Si bien los dispositivos son necesarios para proteger tu negocio, lo cierto es que estos deben operar dentro de lo establecido por la ley, asegurando que tanto clientes como empleados no experimenten la vulneración de sus derechos. El uso de los mismos debe ser prudente y explícito, asegurando que todos saben cuándo y de qué manera son monitoreados.
En España, por ejemplo, el uso de las cámaras de seguridad dentro de una empresa están reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, donde se indica que las mismas deben estar claramente señalizadas, los empleados deben conocer el uso de los archivos recopilados, no se pueden instalar en áreas privadas (como baños o vestuarios, por ejemplo), y no pueden grabar conversaciones.
En nuestro país se han registrado casos de esta naturaleza, con empresas instalando cámaras de seguridad en áreas prohibidas. Se han visto multas desde los 20.000 euros y la reincorporación de personal víctima de despidos improcedentes, hasta órdenes de alejamiento y penas de prisión para los responsables.
No contar con protocolos adecuados para el uso de esta tecnología puede crear áreas grises en los lineamientos que rigen el funcionamiento de estos dispositivos, así como dar pie a vulneraciones en la seguridad de los mismos.
Cámaras que no monitorean adecuadamente las áreas de trabajo, o sistemas de control de acceso que no permiten la salida de personas en caso de emergencia pueden ser consecuencia de la negligencia.
En estos casos, los afectados pueden demandar a la empresa por negligencia al momento de cumplir con sus responsabilidades en materia de seguridad. Dependiendo de la gravedad del incidente, se puede hablar de multas significativas, hasta el cese permanente de las operaciones por parte de las autoridades.
Por último, las empresas deben recopilar solo la información estrictamente necesaria, así como notificar a todo el personal y la clientela sobre qué datos se almacenan y con qué finalidad. Del mismo modo, los españoles cuentan con el Derecho al Olvido, por lo que podrán solicitar la eliminación de todos los datos recopilados luego de un periodo de tiempo estipulado por la ley.
El mal uso de la información no solo constituye una violación a los derechos de empleados y clientes, sino que puede poner en riesgo la privacidad de dichas personas. Esto se debe a que el almacenamiento inseguro de datos puede tener como consecuencia la filtración de información privada en caso de ataques cibernéticos y violaciones de seguridad internas.
Esto puede tener como consecuencia la exposición de datos como nombres, números de teléfono y direcciones, contactos de emergencia, perfiles de redes sociales, historiales laborales o médicos, credenciales de acceso a cuentas personales (correos o cuentas bancarias), entre otros.
Si bien esto no siempre acarreará peligros posteriores, existe la posibilidad de que los afectados sean víctimas de acoso, robos, estafas e incluso secuestros.
En caso de que se compruebe que la empresa no está utilizando los datos de manera adecuada, o que se hayan presentado filtraciones de datos personales, es posible iniciar una demanda.
Es innegable que el mundo moderno está diseñado para facilitar el espionaje, sin embargo, eso no quiere decir que todas las formas de monitoreo sean válidas. Las consecuencias legales, aunque pueden tardar en llegar, son un recordatorio de que las empresas deben ser responsables al momento de desarrollar sus protocolos de seguridad.
